El conflicto universitario como metáfora de la Argentina

En su libro “El mundo de ayer” Stefan Zweig describía con nostalgia la Viena de antes de la primera gran guerra europea. Hablaba de un mundo ordenado, seguro, próspero, con una gran cultura y una juventud creativa, con altas expresiones en el arte. ¿Qué era lo que sostenía aquel mundo feliz? Zweig afirmaba que el sostén era la fe en el progreso ininterrumpido e imparable que tenía para aquel siglo la fuerza de una verdadera religión cuyo evangelio parecía irrefutablemente probado por los nuevos milagros que diariamente ofrecían la ciencia y la técnica. Después de las dos guerras que arrasaron aquel mundo que se creía feliz, la fe en el progreso renació y tuvo una expresión peculiar en América Latina. El pensamiento del desarrollo que orientó gran parte de las políticas y las ilusiones en muchos países de esta región del mundo era una versión vernácula de la idea del progreso y también buscó tener como palancas la ciencia y la tecnología. 

Desde los comienzos del siglo XX la universidad aportaba lo suyo a la construcción de esa utopía. La Reforma Universitaria de 1918 era un canto a la libertad y al desarrollo de los pueblos de América Latina. La obra teatral “Mi hijo el dotor” escrita en 1903 por el uruguayo Florencio Sánchez expresaba la profunda creencia en el ascenso social que brindaban los estudios universitarios. Paralelamente, a lo largo del siglo veinte la ciencia en Argentina lograba que varios de sus más ilustres investigadores alcanzaran el Premio Nobel. En el siguiente siglo, en los días que corren actualmente, todo parece haberse deteriorado en forma irremediable y se ha generalizado la sensación de que “antes, el futuro era mejor”. En décadas pasadas el futuro se imaginaba como una promesa brillante, sin las complicaciones sociales, económicas, ecológicas y educativas actuales.

 Si la ciencia, la tecnología y la educación sostenían la creencia en el progreso, el deterioro actual del país también encuentra un correlato en los sistemas científico y educativo. No se trata de un fenómeno reciente. Las decadencias son largas y responden a muchos factores. En el caso de las universidades públicas argentinas se viven horas muy dramáticas y conflictivas. Los casi tres años transcurridos por el gobierno de Javier Milei han estado jalonados por conflictos con distintos sectores de la sociedad. Uno de los más llamativos está siendo la confrontación del gobierno con las universidades nacionales. Intentaré hacer un repaso de lo sucedido, pero quiero anticipar mi convicción de que los males vienen de lejos, aunque sus síntomas y sus causas anteriores fueran diferentes a los del presente.

 Por estos días, la confrontación entre el gobierno y las universidades parece limitarse a la cuestión de los recursos económicos. Sin embargo, eso es así solo en parte. No se trata solamente de una disputa presupuestaria ni una reyerta discursiva que alimente los medios informativos, sino de algo más profundo que movilizó a cientos de miles de manifestantes en varias protestas callejeras. La consigna de defender las universidades tuvo el efecto paradójico de despertar el aprecio de grandes proporciones de la clase media por sus universidades recuperadas en el afecto como propias. Desde el comienzo hubo un fuerte apoyo popular con marchas multitudinarias en las principales ciudades.

 Tiene cierta dificultad describir este conflicto porque el enfrentamiento se despliega en varios frentes. No se trata solamente de un reclamo por mayor presupuesto, aunque inicialmente lo fuera, sino que incluye el retraso de los salarios docentes, la exigencia gubernamental de auditar el gasto de las universidades y por parte de ellas una defensa cerrada de la autonomía universitaria. Con el trasfondo del ajuste fiscal que el gobierno viene realizando como un eje central de su propuesta política, a la disputa no le han faltado las diatribas del propio Presidente contra los universitarios. Pero sería sesgado limitar los aspectos señalados a la política del actual gobierno. Sería erróneo suponer (como algunos lo hacen) que la universidad pública argentina, al igual que sus instituciones científicas eran irreprochables hasta que llegó Milei al poder.

 Como señalé antes, la decadencia es larga, viene desde décadas atrás y acompaña en buena medida las causas y los rasgos de lo ocurrido con el país en casi todas sus dimensiones. La cultura dominante alimenta idealizaciones que se convierten en dogmatismos contrapuestos que impiden un verdadero diálogo y acuerdos políticos, se obstina en una tendencia al igualitarismo que empobrece a todos y conspira contra la excelencia, se procura un refugio en el recuerdo de un pasado mejor. La realidad registra rendimientos decrecientes y búsquedas de culpables, de uno y otro lado. Las universidades muestran en muchos casos gobiernos burocráticos con escasos valores académicos. Un problema estructural atraviesa una gran parte del sistema universitario argentino y es la dificultad que muestran muchas de sus autoridades -rectores y decanos- para aceptar la alternancia y en cambio aspiran a perpetuarse en el poder. Esto mismo ocurre con los sindicatos, con algunos gobiernos provinciales y muchos municipios. Es casi un rasgo de la cultura política argentina forjada en décadas.

 Etapas del conflicto actual

En cualquier caso, la crisis actual comenzó el 10 de diciembre de 2023 cuando Milei asumió la presidencia con una promesa: reducir la inflación y para ello eliminar el déficit fiscal mediante un fuerte recorte del gasto público. El primer mes de su gobierno una devaluación disparó la inflación antes de que luego comenzara a reducirse. Las universidades nacionales quedaron atrapadas en una encerrona: su presupuesto fue congelado y simplemente se prorrogó el del año anterior, sin modificaciones, a pesar de que correspondía a un contexto de inflación muy diferente. Con este movimiento las partidas universitarias quedaron rápidamente desactualizadas. La protesta surgió en forma inmediata, mientras el gobierno sostenía que se trataba de un ajuste indispensable para terminar con el déficit, pero además exigía que las universidades demostraran cómo utilizaban los recursos públicos.

 En abril de 2024 el mundo universitario en pleno, tanto los rectores como los estudiantes, docentes y no docentes, convocaron a una movilización en defensa de la universidad pública. El 23 de abril se produjo la llamada Marcha Federal Universitaria que tuvo carácter masivo dado que no solamente se sumaron algunos sindicatos y organizaciones sociales, sino sobre todo personas que acudían espontáneamente. El gobierno reaccionó anunciando acuerdos con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) por sucesivos aumentos para gastos de funcionamiento, logrando así una distensión parcial, pero no resolvió el problema de los salarios que quedaron retrasados con respecto a la inflación acumulada. De este modo, el conflicto empezó a dividirse en dos grandes reclamos: por un lado, el presupuesto para las instituciones universitarias y por otro los salarios para los docentes y no docentes cuya pérdida se estimaba en un 25% desde el comienzo del gobierno de Milei. 

 El problema llegó hasta el Congreso y éste aprobó una ley que actualizaba las partidas presupuestarias y los salarios de acuerdo con la inflación, además de contemplar recursos para investigación y becas. Milei decidió vetarla con el argumento de que la ley implicaba aumentar el gasto público sin que se estableciera una fuente de financiamiento compatible con el objetivo del déficit cero. Apenas comenzado octubre se anunció oficialmente el veto. Ese mismo día se produjo una nueva movilización universitaria de enorme magnitud. Esta vez el conflicto era ya más complejo. La consigna ya no era solamente: “Necesitamos más presupuesto”. Ahora también era: “El Congreso aprobó una ley y el Presidente la vetó”. La discusión pasó a otro plano porque el gobierno comenzó a presentar el movimiento universitario como parte de una oposición política más amplia. Los estudiantes comenzaron a tomar facultades y universidades. Para octubre, más de 25 universidades nacionales tenían algún tipo de ocupación o protesta. 

 En agosto de 2025, la historia se repitió, pero con una diferencia fundamental: el Congreso aprobó otra Ley de Financiamiento Universitario que establecía mecanismos de actualización presupuestaria y salarial vinculados a la inflación y Milei volvió a vetarla, pero esta vez la oposición logró reunir los votos necesarios para rechazar el veto presidencial. Ahora el problema tomó otro cariz: ¿puede el gobierno no aplicar una ley? Este es probablemente uno de los puntos más interesantes de toda la historia. El gobierno sostuvo que la ley era inválida porque implicaba un gasto para el que no había financiamiento previsto en el presupuesto nacional y apeló ante la justicia cuestionando su aplicación. Las universidades, en cambio, argumentaron que si el Congreso aprobó una ley y consiguió incluso superar un veto presidencial, el Poder Ejecutivo tenía que cumplirla. Por eso el conflicto pasó progresivamente de las calles al Poder Judicial.

 Durante 2026 la disputa continuó. En mayo, la Justicia suspendió la aplicación de la ley a pedido del gobierno, pero la cuestión llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Al mismo tiempo, las protestas universitarias volvieron a crecer con nuevas movilizaciones, paros docentes y ocupaciones estudiantiles. El reclamo central era que el gobierno cumpliera la ley de financiamiento aprobada por el Congreso. Según estimaciones del CIN las transferencias a las universidades acumulaban por entonces una caída real del 45,6%, mientras que los salarios de los trabajadores universitarios ya habían perdido alrededor del 37% de su poder adquisitivo. Por fin, en junio un fallo de la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario presentado por el gobierno, dejando firme lo dispuesto por la ley. Pese a ello, el conflicto sigue abierto, ya que en el proyecto de presupuesto nacional para 2027 presentado por el gobierno al Congreso no se incluyen las partidas que permitirían dar cumplimiento a la ley y al dictamen de la justicia.

 El problema de fondo

Si uno mira todo el conflicto desde afuera, parece que el eje central es solamente el financiamiento, pero en realidad hay varias discusiones superpuestas. La primera está referida al dinero que necesitan las universidades para funcionar normalmente. La segunda discusión está referida al salario de docentes y no docentes. Esta terminó siendo uno de los principales motores de los paros. En el caso de las universidades nacionales, casi el noventa por ciento del presupuesto son los sueldos, de modo que su reducción tiene un impacto salarial directo.

 Una tercera discusión es acerca del control del gasto de las universidades. El gobierno las acusó de no rendir cuentas de su ejecución presupuestaria, exigiendo que se realizaran auditorías por parte de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). La UBA se negó a ser auditada por la SIGEN, pero otras universidades optaron por acceder. El gobierno enfatiza en la necesidad de realizar auditorías y sostiene que las universidades, como toda institución que recibe fondos públicos, tienen que poder demostrar cómo los gastan. Las universidades responden que las auditorías ya existen y están a cargo de la Auditoría General de la Nación (AGN), la cual depende del Congreso de la Nación. Con el devenir de todo este proceso se generó un intríngulis aún no resuelto que implica al propio gobierno, al parlamento y actualmente al poder judicial. Finalmente, el conflicto universitario terminó convirtiéndose en una discusión sobre la relación entre el Poder Ejecutivo, el Congreso, las universidades autónomas y la Justicia.

 Llama la atención que en este conflicto haya escasa mención en los discursos de uno y otro lado a la calidad de la educación superior y de la investigación científico-tecnológica. ¿Ha afectado la crisis presupuestaria y la confrontación de las universidades con el gobierno la calidad de la educación superior? Indudablemente, sí. La caída de salarios afecta no solamente la economía personal sino la moral de los docentes, que se sienten injustamente discriminados y desvalorizados. En el caso del sistema científico, el problema se agrava por una caótica estructura burocrática degradada de Ministerio a subsecretaría con escasos recursos económicos. La percepción de estos hechos se ve agravada por el hecho de que tanto el sistema científico, como el universitario, fueron discursivamente privilegiados por el gobierno anterior, lo que se tradujo en una adhesión mayoritaria por parte de sus miembros. Resulta paradójico que, como he señalado en artículos anteriores, se trató en gran medida de un privilegio casi exclusivamente retórico, ya que en el caso de la ciencia y la tecnología los aumentos presupuestarios estuvieron dentro de una tendencia histórica y en el caso de las universidades, el sistema se expandió sin una planificación razonable de la oferta de educación superior. El problema es que lo discursivo y las percepciones subjetivas, tanto en el populismo actual, como en el anterior, son más importantes que los datos objetivos. Precisamente, los datos muestran que el problema es mucho grave y atañe a todos los niveles educativos. Las pruebas PISA y otras comprobaciones objetivas muestran la decadencia de la enseñanza primaria y secundaria, con un alto porcentaje de alumnos que no comprenden lo que leen y tienen muy limitada capacidad en matemáticas. Los datos ponen de relieve que en todos estos aspectos Argentina ha retrocedido con respecto a otros países de América Latina.

 ¿Toda esta decadencia es culpa de Milei? Sin lugar a duda, la política del actual gobierno es deficiente, por decir algún término y contribuyó a agravar la situación. Pero insisto en que las causas de la decadencia son anteriores. Desde la recuperación de la democracia la masividad de la demanda de educación superior viene siendo atendida a expensas de la calidad, con docentes de baja dedicación (y bajos ingresos). Menos del diez por ciento de los docentes universitarios tiene dedicación exclusiva. Se ha multiplicado la cantidad de universidades e institutos universitarios, así como la oferta de carreras, sin que exista un número suficiente de docentes que permitan garantizar la calidad necesaria. En este contexto no resulta asombroso que la tasa de deserción de los estudiantes sea muy alta, sobre todo en la parte inicial de las carreras. Apenas una cuarta parte de los estudiantes que ingresan a la universidad logra graduarse, lo que sitúa la tasa de deserción y abandono acumulado en un rango que coloca al país en uno de los que posee los índices de abandono de los estudios universitarios más altos de Latinoamérica. Más aún, el número de ingresantes a las universidades nacionales ha crecido, pero el número de graduados no.

 Como señalé en un artículo anterior en mi blog, en el pasado reciente ha habido dos ejes sobre los que ha oscilado el debate acerca del sistema universitario argentino y la toma de decisiones en esta materia: de un lado, el de la calidad y la excelencia, mientras que del otro la equidad social y la inclusión. En mi opinión, el desafío es el de articular un sistema que garantice la igualdad de oportunidades en el acceso -y en la permanencia- de carreras universitarias de excelente calidad. Pero esto es tan difícil como lograr que el país crezca sin déficit fiscal pero con salarios razonables, empleo suficiente y reducción de la pobreza. Ciertamente, no es un desafío simple porque no solamente habría que resolver el problema presupuestario, sino que se hace necesario rediseñar desde lo más básico el sistema de educación superior. En cuanto a la autonomía universitaria, que es una condición necesaria para garantizar la libertad de pensamiento, el diálogo y la creatividad, también debe ser repensada porque el paso del tiempo hace que su alcance y ejercicio no puedan ser iguales a los de principios del siglo pasado. Es preciso redefinir sus términos.

 Atrapados en una confrontación de percepciones ancladas en el pasado, es difícil que las universidades argentinas (y el propio país) puedan resolver desafíos tan urgentes como los que plantea el cambio tecnológico acelerado, la nueva revolución industrial que incluye la inteligencia artificial entre otros avances como las neurociencia, las ciencias del comportamiento, la biotecnología y muchas otras disciplinas que evolucionan vertiginosamente. En este sentido, la separación de los sistemas universitarios y el científico tecnológico es un problema. La magnitud de las reformas necesarias deben estar basadas en consensos básicos y las dificultades que esto supone en el mundo universitario y científico constituye también una metáfora de las dificultades que implica alcanzar acuerdos que permitan revertir la decadencia del país.